Somos muchos y muchas las que, en este país, observamos con preocupación la vulneración de derechos civiles y políticos que se ha ido afianzando durante la última década. El Estado español, y a otro nivel el francés, dirige sus baterías legislativas, ejecutivas, judiciales… hacia un punto en el cual el mero ejercicio público y transparente de la actividad social y política se convierte en delito. Esta estrategia condiciona el presente y el futuro de Euskal Herria.
Así las cosas, creemos que es momento de enfrentarnos a hechos sin parangón en Europa. Y es por eso que debemos poner en marcha instrumentos que, como pueblo, nos permitan revertir la situación, restituir el respeto y la garantía de los derechos civiles y políticos, restablecer la democracia. Una iniciativa en defensa de la expresión libre de personas y colectivos. Un esfuerzo colectivo para crear, impulsar y asegurar una nueva situación en la que las ideas y opiniones latentes en este pueblo vuelvan libres a la plaza pública. Por eso, amparados por declaraciones de organismos internacionales de reconocido prestigio, reclamamos el ejercicio efectivo de los siguientes derechos ineludibles:
Libertad de opinión. Los estados están empleando todas las medidas a su alcance para, más allá de quitar la palabra, incluso desterrar el pensamiento disidente en Euskal Herria. Se impone así un verdadero estado de excepción que censura reclamaciones legítimas y afecta de manera irremediable a la libertad de pensamiento.
Libertad de expresión El cierre de medios de comunicación, la limitación de la libre participación en ruedas de prensa, conferencias, actos públicos, la criminalización, en definitiva, de la expresión de ciertas ideas, incluso sentimientos, impide la participación popular en la vida política. Esto certifica la defunción de un estado que tal vez alguna vez se quiso considerar de derecho.
Libertad de asociación. La ilegalización de organismos populares, el encarcelamiento de ciudadanos y ciudadanas que participan en ellos y la prohibición de sus actividades es muestra del autoritarismo y del monopolio que el estado quiere hacer del derecho a organizarse.
Libertad de manifestación. La continua restricción en la convocatoria de manifestaciones pacificas y la violencia con que se ejecuta esta prohibición, con muestras cada vez más vergonzosas de brutalidad policial, nos revela la verdadera faz de sus responsables y sus gestores políticos.
Derecho a la intimidad y privacidad. La proliferación de tecnologías de vigilancia y de control social, el espionaje a organismos políticos, el almacenamiento y utilización de datos personales en ficheros secretos… medidas justificadas en el todopoderoso concepto de ‘‘seguridad’’, conllevan una agresión a la esfera privada de la persona, siendo esto el ingrediente más definidor de un estado policial.
Derecho de acceso a la justicia. La criminalización de la actividad pública y la extensión exacerbada del término ‘‘terrorismo” se ha propagado, como una metástasis, a toda la administración de justicia. La arbitrariedad y la politización han arraigado definitivamente en el poder judicial. La posibilidad de encontrar justicia para quienes sufren el atropello, en muchas ocasiones generado por la propia administración de justicia, es inexistente.
Derecho de sufragio activo. El derecho a votar en las elecciones está bajo sumario, restándosele a toda la ciudadanía el derecho de optar por ciertas expresiones políticas, impedidas como están para desarrollar el papel que en una verdadera democracia se presupone a los partidos políticos. El diálogo político aparece definitivamente criminalizado.
Derecho de sufragio pasivo Miles de personas son impedidas de ejercer su derecho a presentarse en candidaturas electorales, empleándose contra ellos términos como “contaminados”, “infiltrados”, “parasitados”, “listas blancas y negras”, que trasluce una forma de pensar y actuar por parte del estado absolutamente discriminatoria. El término apartheid contra sectores de ciudadanía en continua expansión cobra todo su significado.
Derecho a una reparación y restitución democrática. La involución en los derechos civiles y políticos nos obliga a exigir la reparación y superación de la actual situación sin demora y sin excusas. La regeneración del espacio de participación democrática en Euskal Herria es inaplazable, ineludible e inexcusable. El restablecimiento de un sistema de libertades, absolutamente inapreciable hoy en día y la restitución del ejercicio de los derechos civiles y políticos más elementales es una prioridad que reivindicamos con absoluta determinación.
ADIERAZI-EH
30 de Enero de 2010
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